REGIMEN DE INSOLVENCIA, LA ALTERNATIVA

Sin duda la pandemia del coronavirus ha originado un receso total de las actividades laborales, comerciales y productivas tanto de las personas naturales, como de las personas jurídicas del sector urbano y del sector rural. Este cierre total o parcial ha generado una sustancial reducción de los ingresos de las personas y de las empresas, hasta tal punto que muchos han perdido sus empleos, en el caso de las personas y muchas empresas se han visto abocadas al cierre total o parcial de sus negocios.

 Dado que las medidas adoptadas durante la emergencia económica decretadas por la presidencia, no son suficientes para aliviar la crisis que enfrentan hoy muchas empresas y personas naturales, existen en la ley dos alternativas que podrían utilizarse para solventar los efectos de la crisis de una manera permanente. Para esto, el gobierno debe flexibilizar las condiciones y requisitos que se exigen a las personas y empresas para acceder a estas alternativas y salvar así muchos negocios y de paso proteger el empleo. Ante el cese general de pagos debe permitirse a las empresas y personas, acogerse a las leyes que en esta materia existen, aún en estado de mora con las obligaciones de naturaleza fiscal y las derivadas de obligaciones laborales.

 Para las empresas existe la Ley 1116 de 2006, régimen judicial de insolvencia para la reorganización empresarial, cuyo objetivo principal es proteger el crédito y recuperar o conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, preservando el objetivo básico financiero de la generación de valor. Conforme a la norma vigente, el proceso de reorganización pretende viabilizar y normalizar las empresas en dificultades, en cuanto a sus relaciones comerciales y crediticias, fortaleciendo la gestión operativa y administrativa.

Pese a que la pandemia al parecer abarcará un tiempo corto, sus efectos en la situación financiera de las personas y entidades, pueden conllevar procesos de recuperación de más largo plazo, que ameritaría una reorganización empresarial, que no solo tenga como objetivo normalizar la deuda, sino que la operación de la empresa se estabilice y fortalezca.

 Para las personas naturales no comerciantes, pues las personas naturales comerciantes, aplican dentro del marco de la ley 1116 de 2006, existe la alternativa de acogerse a la Ley 1380 de 2010, régimen judicial de insolvencia de la persona natural no comerciante, que consiste en el mecanismo por medio el cual una persona natural no comerciante tiene la posibilidad de realizar un acuerdo de pago con sus acreedores de todas sus deudas, dado que su situación financiera le imposibilita cumplir con sus obligaciones. Esta Ley es un reconocimiento legal e institucional que le confiere la ley al ciudadano colombiano como un salvavidas financiero ante una situación de sobre endeudamiento, impidiendo que se adelanten procesos ejecutivos en su contra y exponga todos sus patrimonios. El régimen de insolvencia económica buscará, además, promover siempre la buena fe en las relaciones financieras y comerciales de la persona natural no comerciante.

Las medidas adoptadas de congelamiento de las cuotas que se vencieren durante la pandemia, han aliviado la situación de liquidez de muchas empresas y personas. Sin embargo, la reducción de los ingresos no sólo ha afectado la capacidad de pago a corto plazo, sino la estabilidad de las operaciones de las entidades y personas, colocándolas en una situación de riesgo, mucho más profunda que la mera liquidez. Se requieren medidas de fondos dirigidas a la normalización de las operaciones, mediante una nueva estructuración de la deuda y el otorgamiento de recursos frescos que permitan retomar las actividades productivas, comerciales y demás.

 Para el sector rural, específicamente para los productores del campo, agricultores y ganaderos, además de las dos opciones mencionadas, se deben implementar facilidades crediticias a largo plazo, con bajas tasas de interés, que les permitan a los productores, cierta estabilidad en el tiempo, para que durante el mismo puedan, no solo recuperarse, sino lograr excelentes resultados y así mismo un mayor crecimiento en sus actividades productivas.

 Estas alternativas de financiación serían una gran ayuda para los afectados, no solo por los efectos de la pandemia, sino por la situación delicada que venía padeciendo la economía, desde ante de la misma. Pero, su efectividad depende de la dinámica y el interés que el gobierno nacional le ponga a la búsqueda de salidas rápidas y prácticas, que permitan a estas empresas y personas, salvar sus negocios y proteger el empleo.