El
año 2020 se perfilaba como el año de las reformas en Colombia, al parecer ya no
lo será, el coronavirus dio un rotundo viraje a todas estas iniciativas, pues
el aislamiento total y duradero de los congresistas, único en el país, postergó
la presentación de los respectivos proyectos. Aprobar las reformas laboral,
pensional y tributaria ya no es posible este año, si las cosas se hacen en su
deber ser, con socialización y un verdadero debate en el Congreso. Pero, ya
estamos acostumbrados a los pupitrazos, así que no se sabe.
La
reforma laboral que vienen construyendo clandestinamente y que han ido soltando
gota a gota, dejando conocer a la gente, solo las propuestas populistas como lo
suelen hacer, para al final dejarla como lo quieren los grandes empresarios y
los gremios económicos, que trabajan para ellos, sin valorar ni acoger las
expectativas y el pensar de la gente. Que una prima adicional para los
trabajadores, que reducción de la jornada laboral, que trabajo por horas, que
trabajo para los jóvenes y otras medidas igual de populistas. De todas esas,
sin duda prosperará la del trabajo por horas, es la que más les conviene a los
dueños del gran capital.
La
reforma tributaria, así la vuelvan a disfrazar de Ley de Crecimiento Económico
3, no es más que la consabida reforma anual de todos los gobiernos, buscando
cuadrar las cifras fiscales, la cual sin duda es inminente, por la caída de los
precios del petróleo y por efecto del covid 19, que descuadraron aún más las
metas fiscales. Lo preocupante es la tendencia de este gobierno a cuadrar caja,
gravando mucho más a las personas naturales, empleados y trabajadores
independientes, que a las personas de mayores ingresos y a las grandes
empresas. Sabemos que el propósito de este gobierno es continuar desgravando a
los grandes empresarios y gravando aún más a las personas de menores ingresos.
Las expectativas por este lado no son halagüeñas.
La
reforma pensional, desde hace años, viene siendo aplazada y nuevamente este año
por efecto del coronavirus, al parecer no alcanzará a entrar a debate en el
congreso de la República. La reforma pensional es la más urgente de hacer,
puesto que cada día, es mayor la desprotección de la población en su vejez,
este hecho sin dudarlo, debería ser la mayor preocupación del gobierno. La baja
cobertura se agrava cada día más, no solo es insuficiente la atención al adulto
mayor, sino que otros grupos prioritarios, como las mujeres, los trabajadores
informales y la población rural, han venido creciendo y demandan protección
para los años de su vejez.
La
reforma pensional que necesita el país debe enfocarse a la solución de esta
baja cobertura y para esto se debe fortalecer Colpensiones y revisar detenidamente
el gran problema de los Fondos privados, que no están pensionando a las
personas de menores ingresos. Se deben revisar, además, las variables y los
cálculos actuariales que hacen para establecer la mesada pensional, pues son
muchas las quejas sobre las preocupantes diferencias que existen entre una
mesada de Colpensiones y una mesada de un Fondo privado, es exagerada la
variación, en perjuicio de los pensionados de los Fondos privados. En ningún
momento se puede aceptar que se aumente la edad para pensionarse, ni en hombres
ni en mujeres y menos ahora cuando estamos en medio de una pandemia y con
noticias sobre una nueva peste porcina, que dicen se detectó en China.
Preocupa
la sola iniciativa de una reforma pensional, por el hecho de que este gobierno
se ha caracterizado por favorecer los intereses de los dueños de los grandes
capitales, antes que los intereses de las poblaciones más vulnerables. Sí es
así, sin duda la reforma será benéfica para los Fondos privados y de nuevo, las
personas más perjudicadas, seguirán siendo las poblaciones más necesitadas.
Definitivamente los fondos de pensión privados deberían aplicar sólo para
personas con altos ingresos, para quienes tengan mesadas superiores a 6
salarios mínimos legales vigentes y que Colpensiones opere las inferiores a ese
valor.
Es
inconcebible que actualmente del presupuesto público de $20 billones dirigido a
financiar las pensiones, $13 billones van a las manos de los de más altos
ingresos y a los de menores ingresos sólo $7 billones. ¿En qué cabeza cabe
esto? ¿Por qué tanta infamia? La respuesta es sencilla, los de mayores ingresos
son en gran parte ex presidentes, congresistas, funcionarios de la justicia, militares
y funcionarios de otros cargos. Ellos son los que hacen las leyes, por esto
gozan de tantos privilegios. La próxima reforma debe desmontar estos subsidios
a los pensionados de altos ingresos y reforzar los aportes a los de bajos
ingresos. La ciudadanía tiene que expresarse, es inaudito que esto suceda en un
país con deprimentes indicadores de bienestar social.
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