No es expropiar, es promover la producción y el empleo

La aguda polarización política existente en el país, reflejada no sólo en los políticos activos, sino también en todas las esferas de la sociedad Colombiana, a través de la prensa y de las redes sociales, se ha profundizado en los últimos días por la problemática que el latifundio produce en el país.

Esto surgió por la intención de aplicar la máxima tarifa de impuesto predial a los latifundios improductivos y a raíz de las tantas malintencionadas interpretaciones dadas por contradictores de la misma, es oportuno aclarar los alcances de esta valiosa proposición. De esta problemática también hablaron Gaitán y Galán en su momento y hasta Carlos Lleras Restrepo. Así que esta iniciativa no tiene nada de populista, más bien es un reto interesante que el pueblo Colombiano hace mucho espera que alguien lo asuma.

Primero aclaremos que no se trata de expropiación, por tanto, no podemos decir que se vaya a expropiar. Los latifundios​ son fincas o haciendas de grandes dimensiones que pueden superar fácilmente las diez mil hectáreas, las cuales no son explotadas, es decir no producen alimentos ni generan empleo. Así que no vengan con el cuento que se afecta la economía nacional.

La propuesta entonces consiste en aplicar la máxima tarifa legal vigente de impuesto predial a los latifundios que existen en Colombia. Este gravamen a la tierra improductiva busca que los propietarios las pongan a producir directa e indirectamente, elevando la producción y el empleo, para evitarse así, el aumento del impuesto predial. De lo contrario serían gravadas, lo cual haría que el valor comercial de la tierra se reduzca ostensiblemente. El latifundista tiene además la opción de vender la tierra a particulares que la vuelvan productiva o venderla al estado por títulos de deuda pública, los cuales son negociables en el mercado.

Como se puede observar, por ninguno lado hay expropiación ni afectación a la producción alimentaria ni a la generación de empleo actual. Por el contrario, lo que se busca es aumentar estos dos ítem de nuestra economía. La expropiación existe y aplica cuando el estado requiere coactivamente de un bien para un beneficio público. Por ejemplo, al ampliar una calle se requiere tumbar algunas casas, el estado expropia e indemniza a los propietarios.

Este propósito es además una alternativa para optimizar el uso del suelo en Colombia, lo cual la justifica aún más. Según la redacción de El Tiempo del 23 de mayo de 2016: “El 65,8 % de la tierra apta para sembrar en Colombia no se aprovecha. De los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se usa el 35 %. De los 114 millones de hectáreas con las que cuenta el país, 26 millones tienen posibilidades para la producción agrícola, pecuaria y forestal, y solo se produce en 6,3 millones de hectáreas (24,2 %). De los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se aprovecha el 35 por ciento.

En contraste, hay 8 millones de hectáreas de vocación ganadera y a las actividades de pastoreo (traslado del ganado de un lado a otro) se dedican 38 millones de hectáreas. La mayor parte del territorio, 67 millones de hectáreas, son bosques; 2 millones son cuerpos de agua y solo 332.000 constituyen la zona urbana. Es decir, tenemos tierra a granel para sembrar, pero el uso del suelo es ineficiente”.

El reto importante de esta propuesta además de hacerla una realidad, que no va a ser una tarea fácil, es la identificación de las zonas, los cultivos aplicables y la viabilidad del mercado, gestión que se vuelve prioritaria, para cualquier candidato, no solo para Petro, si es que realmente desean recuperar la vocación agrícola de Colombia. Esta iniciativa es complementaria y totalmente coherente con la otra de Petro en el campo económico, la de reducir progresivamente la dependencia que el país tiene de la explotación del petróleo y del carbón, reemplazándolos por la producción de energías limpias y mayor producción agropecuaria al asignar estas tierras a productores del campo. Obviamente además de tierras a los productores se les deberá facilitar la explotación de las mismas.